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Ni el monto destinado al gasto social ni la distribución de los recursos de inversión por sectores –donde, por ejemplo, educación tendría una reducción del 12,4 por ciento frente a lo asignado para 2025– convencieron al presidente Gustavo Petro. Tras escuchar la propuesta de presupuesto para 2026 presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante el gabinete en pleno, el mandatario pidió rehacerla, advirtiendo que no está dispuesto a firmar el proyecto de ley si este contempla recortes en el gasto social.

De hecho, el presidente calificó la propuesta como “un presupuesto del gran capital”, al señalar que asciende a 551,6 billones de pesos y que con esos recursos se invertiría en infraestructura para beneficiar “al gran capital” y se irrigan subsidios que favorecen a las empresas de energía.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destaca que la propuesta presupuestal crece 8 por ciento frente a la de 2025, la cual fue expedida por decreto y hoy pasa factura por su desfinanciamiento, el cual impide cumplir varias promesas de Gobierno. “El presupuesto para 2026 crece casi el doble de la inflación esperada para el próximo año. Y excluyendo el servicio de la deuda, el gasto aumentaría 12,7 por ciento, lo que equivale a tres veces la inflación proyectada”, advierte.

En relación con el gasto en burocracia, han llovido reclamos porque la cifra prevista para 2026, en lo que tiene que ver con el pago de personal, es de 65,1 billones de pesos frente a 46,4 billones de 2022. Si bien allí se reflejan los incrementos del salario mínimo, casi todos de más de un dígito en esta administración, también está a la vista la creciente contratación de personal por prestación de servicios, que pasó de 48.492 puestos en 2022, a 63.851 en 2024.

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