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Independientemente de si la reforma tributaria del Gobierno es aprobada o no en el Congreso, hay consenso en que se necesita un ajuste en las finanzas públicas, que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima en 45 billones de pesos, lo que lleva a observadores a considerar que sí se necesitan más ingresos ante el deterioro fiscal.

Quienes lo ven así consideran que el debate no se limita al cuándo sino al cómo y qué características debería tener esa reforma para ser sostenible, equitativa y políticamente viable.

Los expertos coinciden en tres elementos fundamentales. El primero, ampliar las bases del IVA y de renta personal, con esquemas de compensación para hogares vulnerables. El segundo, reducir la carga sobre las empresas para incentivar la inversión, y el tercero, recortar y racionalizar el gasto público, para que el ajuste no recaiga únicamente en los contribuyentes.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, apunta que una reforma tributaria “debe enfocarse en ampliar las bases gravables del IVA y del impuesto de renta, pero protegiendo a quienes están en pobreza extrema. Además, debería evaluarse un esquema de tasas progresivas de renta a las empresas, porque hoy Colombia tiene la cuarta tarifa más alta del mundo”.

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