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La aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024 y la exigencia contenida en él de aprobar una ley de competencias y recursos que determine claramente el papel de la nación y de las entidades territoriales, se convierte en una nueva oportunidad para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales sobre descentralización y autonomía enunciados en la Carta Política de 1991.

Aún no se ha logrado, en efecto, encontrar el adecuado desarrollo e interpretación de la Constitución que corresponda a la expectativa que en su momento generaron las disposiciones introducidas en el texto de 1991 para superar el modelo territorial de 1886. Al tiempo que es cada vez mayor la percepción de que vamos en contravía en ese propósito, pues se viene produciendo desde hace tiempo un fenómeno de recentralización en el marco de un presidencialismo desbordado que, particularmente con el actual gobierno, desconoce dicha autonomía.

No es una visita esporádica del presidente de la República en actitud de “alcalde supremo”, ni la distribución de pequeñas gracias en los territorios mediadas por afinidades ideológicas o estrategias electorales del nivel central lo que fortalece la gobernanza local. Las comunidades deben poder contar efectivamente y en una relación de confianza con el Estado próximo, esto es, las entidades territoriales, dotadas de capacidades reales y recursos suficientes con pleno respeto de sus competencias, derechos y responsabilidades, para que, por decisiones racionales, estructuradas, por los canales regulares, y en plena concordancia con los principios constitucionales de la función administrativa, encuentren respuesta a sus requerimientos.

Se debe iniciar un proceso de resignificación de la autonomía por parte de todos los actores públicos y privados para que finalmente el modelo ideado en la Constitución pueda hacerse realidad.  Modelo en el que los habitantes del territorio deben tomar conciencia de los beneficios para la vida local, pero también del empoderamiento y de los deberes de control que para ellos traería el fortalecimiento de la autonomía de las autoridades territoriales.

No cabe plantear el tema como un nuevo episodio de la confrontación   irreconciliable entre centralistas y federalistas, entre defensores de los municipios y departamentos y los promotores de un modelo regional, ni entre políticos locales y economistas. Debe ser un propósito compartido el de encontrar el mejor modelo de organización territorial   y de la asignación racional de competencias y recursos entre los diferentes niveles.

En este último aspecto se requiere rigor, competencia técnica y un cuidadoso balance que asegure la sostenibilidad fiscal a la que con razón aluden los expertos y las autoridades económicas.  Al respecto, precisamente Fedesarrollo en cabeza de su director Luis Fernando Mejía ha avanzado una propuesta estructurada y razonable, que toma en cuenta la necesaria progresividad y la diferenciación de situaciones en el territorio, así como el indispensable traslado de competencias de la Nación, entre muchos otros aspectos técnicos a considerar. Dicha propuesta puede servir de base para que todos los actores llamados a intervenir en la materia puedan encarar el reto con la responsabilidad que el tema exige, con miras a presentar un proyecto serio y viable, en los plazos enunciados en el acto legislativo y lograr su oportuna aprobación.  

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