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El presidente Gustavo Petro advirtió que el presupuesto destinado a megaobras de infraestructura en Colombia podría sufrir un recorte significativo si no se declara una emergencia económica, una medida que, según varios expertos, carecería de justificación legal y podría agravar la incertidumbre financiera.

Esta advertencia surge en un contexto marcado por la reciente degradación de la calificación soberana del país por parte de la agencia Fitch, que rebajó la nota de BB+ a BB debido al persistente déficit fiscal y al riesgo de que la deuda pública continúe aumentando en el mediano plazo.

En una comunicación oficial, el Ministerio de Hacienda informó que, a los $12 billones que se recortaron a comienzos de año, se sumará un recorte adicional de $2,3 billones, resultado de acciones interinstitucionales orientadas a revisar la eficiencia del gasto público.

Además, la cartera proyectó que el déficit fiscal se ubicará en 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, lo que representa una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto a la estimación de junio, y que la deuda neta se acercará al ancla fiscal con un 57,3% del PIB, es decir, 4,1 puntos porcentuales menos de lo previsto, gracias a la estrategia de gestión activa de la deuda pública.

El mandatario, a través de su cuenta de X, explicó que, por mandato constitucional, el recorte presupuestal no puede afectar la deuda pública, el gasto social, las pensiones ni la seguridad ciudadana, por lo que la única alternativa viable sería reducir la inversión, especialmente en contratos de carreteras.

Petro escribió: “El recorte por orden constitucional no es de deuda pública, tampoco del gasto social, que debe crecer, tampoco de pensiones, tampoco de la seguridad ciudadanía, por tanto, solo queda la inversión y la inversión son fundamentalmente contratos de carreteras”.

El martes 9 de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó durante una rueda de prensa que el Gobierno analizaba las opciones fiscales disponibles tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, incluyendo la posibilidad de declarar una emergencia económica.

No obstante, varios especialistas advirtieron que la coyuntura actual no justificaría tal medida y que su aplicación podría tener consecuencias negativas para la estabilidad financiera y el bienestar de los ciudadanos.

Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, señaló en declaraciones reveladas por Valora Analitik: "Acudir a esta figura, que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, elevaría la incertidumbre y enviaría señales de inestabilidad al sector productivo, en un contexto ya marcado por la tensión fiscal".

El Gobierno atribuyó el desbalance fiscal al endeudamiento de la administración anterior, encabezada por Iván Duque, especialmente por el mantenimiento del subsidio a la gasolina.

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