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El 2026 arrancó no solo al compás de las campañas políticas, sino con una de las mayores reconfiguraciones de la caja estatal en la historia reciente de Colombia. El Gobierno del presidente Gustavo Petro desplegó una preocupante –por decir lo menos– estrategia en distintos frentes para capturar recursos líquidos.

En un escenario donde el Congreso de la República se convirtió en un muro de contención para sus reformas tributarias, el Ejecutivo optó por una vía alterna: el uso de decretos de emergencia y el traslado masivo de ahorros pensionales.

Esta búsqueda frenética de capital, que suma al menos $198,7 billones según estimaciones de EL COLOMBIANO, ocurre en un momento crítico en el que la ejecución del gasto público se vuelve la principal herramienta de influencia política. Las movidas del Gobierno se agitaron esta semana, justo a días de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales en el país. ¿Cómo se está buscando la plata?

Emergencia económica por al menos $13,5 billones

Una de las principales medidas de este inicio de año es la expedición de los decretos en el marco de la emergencia económica por las inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira y otros cinco departamentos. Si bien la atención a los damnificados es una prioridad nacional, la naturaleza financiera de la emergencia generó incertidumbre. El punto central es la creación de un impuesto temporal al patrimonio para empresas con patrimonios superiores a los $10.474 millones.

Las cifras contrastan de manera preocupante. Mientras el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, sostiene que este impuesto recaudará $8 billones, el centro de estudios económicos Anif estima que el recaudo real podría ascender a los $13,5 billones. Esta “cuenta de servilleta” sugiere un preocupante desfase que el Gobierno aún no aclara. La medida es particularmente dura con los bancos y empresas minero energéticas, a los cuales se les aplicará una tarifa del 1,6%, frente al 0,5% general.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó esta decisión como un castigo al ahorro. Según él, imponer sobretasas al sector energético en medio de una transición es “la puntilla” que le faltaba a la industria para perder su atractivo ante los inversionistas extranjeros.

A esto se suma que la emergencia habilita la contratación directa, saltándose la Ley de Garantías; además, se autoriza a la Agencia Nacional de Tierras a ocupar, comprar e incluso expropiar predios cuando sea necesario para relocalizar poblaciones afectadas por desastres o calamidades provocadas por las lluvias.

Hasta $13,9 billones por cambios en retefuente

En el entre tanto, el Gobierno ha avanzado con el recaudo que le ha permitido el aumento de las tarifas de autorretención en la fuente mediante un decreto expedido en mayo de 2025. Al elevar estas tarifas en sectores como el gas, el carbón y la generación eléctrica (con incrementos de hasta el 218% en algunos casos), el recaudo proyectado era de entre $6 y $13,9 billones, según estimaciones de Fedesarrollo.