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“Colombia en deterioro persistente de corrupción”. Este fue el titular del comunicado de prensa con que Transparencia Internacional por Colombia, dio a conocer hace 15 días los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel global, correspondientes al 2025. “Construidos a partir de datos entregados por una docena de fuentes, el indicador es considerado como el más acertado para calificar un flagelo presente en los cinco continentes”.

Con un valor máximo de 100 y un mínimo de cero, el mejor de la tabla le corresponde a Dinamarca (89), seguida por Finlandia (88) y Singapur (84), mientras que en el peor se encuentran Sudán del Sur y Somalia con 9, apenas por debajo de Venezuela con 10 puntos. A nivel de espacios geográficos, el peor desempeño es el del África Subsahariana, con un promedio de 32. En el ponderado, América se encuentra en 42, un guarismo que combina distintas realidades: Canadá (75) y Uruguay (76); Nicaragua (14) y Haití (16), además de Venezuela ya señalado.

Dentro de ese contexto ubicamos el caso colombiano con un guarismo de 37 puntos, por debajo de la medición obtenida en el 2023 que fue de 40 puntos, una pérdida de tres que como dice Ricardo Ávila en El Tiempo, “puede parecer menos, pero que nos devuelve a guarismos que no se veían desde antes del 2019. Aparte, nuestra posición en la tabla general es la de 99 entre 182 países, una caída de 12 lugares frente a un par de años atrás”.

Todos coinciden en creer que la evidente mejoría que experimentamos en el 2023 fue fruto del sentimiento de confianza que generó el arribo de Gustavo Petro al poder un año antes: un mandatario cuya carrera como congresista estuvo dedicada por años a denunciar la corrupción en todas sus formas y expresiones, sé suponía, iba contener efectivamente este flagelo.

Para muchos este que parecía un remedio, resultó ser peor que la enfermedad. En efecto, como lo prueba el informe de Transparencia Internacional, Colombia se ha descolgado en estos últimos años en el índice de percepción de corrupción: no solo se han sucedido casi de manera obscena episodios de corrupción en el Gobierno si no que, desde una perspectiva institucional, nada se ha hecho para crear unas nuevas reglas de juego, más efectivas, para combatir el monstruo.

Ahora que vivimos tiempos electorales justo es recordar un estudio que hicieron Fedesarrollo y Transparencia en el 2021. El trabajo “incluye propuestas de corto, mediano y largo plazo que van desde el fortalecimiento de las autoridades electorales hasta asegurar una mayor trazabilidad de la asignación y uso de los recursos públicos”.

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