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La Constitución Política, en sus artículos 371 a 373, establece como función principal del Banco de la República, la banca central de Colombia, velar por “el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda”, es decir, asegurar que la inflación se mantenga en un nivel razonable para acompañar el crecimiento de la actividad económica y el empleo, sin expropiar a los hogares por la vía del encarecimiento de sus canastas de consumo. También dispone que el Banco ejercerá sus funciones “en coordinación con la política económica general”.

La herramienta con la que cuenta el Banco de la República para contener las presiones al alza de los precios es la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés de referencia que se utiliza para restringir la cantidad de dinero en circulación y, por esta vía, contener los precios.

Los efectos de corto plazo de incrementos de la tasa son dolorosos, porque, aunque estimulan el ahorro, también encarecen el endeudamiento, afectando a la baja el consumo y la inversión. En efecto, la mecánica para contener los precios requiere enfriar la economía, y es legítimo discutir qué grupos de la población se ven golpeados o beneficiados por coyunturas de tasas altas. La junta del Banco sabe que subir la tasa tiene un costo en el corto plazo. Lo que la discusión de las últimas semanas pierde de vista es que ese costo debe sopesarse con el de que se disparen los precios. No son decisiones en caliente ni desvinculadas del bienestar general. Es todo lo contrario: son decisiones difíciles que se toman para evitar una subida de precios que nos haría daño a todos.

Siempre hay tensiones entre la política monetaria y la política fiscal u otras políticas que cumplen objetivos distintos, y justamente por eso el buen diseño institucional prevé la independencia de la banca central frente a otros actores de la Rama Ejecutiva. En Colombia, eso nos quedó mal pintado. En los regímenes modernos de banca central independiente, los ministros de Hacienda no suelen formar parte de las juntas, y cuando sí lo hacen, suelen participar con voz, pero sin voto.

Para reducir la pobreza y la desigualdad, y facilitar el buen funcionamiento del mercado laboral y de la actividad económica, las herramientas están fuera del alcance de un banco central.

¿Que, como dicen algunos, el Banco debería tener entre sus objetivos misionales la reducción de la pobreza y la protección del empleo? El primero de estos objetivos lo tiene indirectamente, porque nada empobrece tanto como una inflación fuera de control. Pero para reducir la pobreza y la desigualdad, y facilitar el buen funcionamiento del mercado laboral y de la actividad económica, las herramientas son otras y están fuera del alcance de un banco central.

¿Que el Banco busca favorecer a los bancos comerciales y a sus dueños? Cuando sube la tasa de referencia, también se encarece el costo del dinero para los bancos, que trasladan ese aumento en la forma de tasas de interés más altas en sus productos de crédito. Eso contrae la demanda de crédito, tal como pretende la política monetaria. Las ganancias de los bancos dependen de qué tanto consiguen trasladar el aumento de costos a los precios sin perder volumen de negocios. No es claro que resulten ganadores.

¿Que la junta del Banco ha estado tomada por Uniandinos? Cabe más una discusión sobre la formación necesaria para hacer parte de la junta que sobre la tecnocracia uniandina, tan injustamente simplificada por estos días.

¿Que la junta del Banco busca favorecer a la oligarquía? Aquí ya el nivel del debate público cae muy bajo. Lo mismo que en los ataques personales contra Leonardo Villar y Olga Lucía Acosta, dos personas que han aportado al país con profesionalismo, decencia y honestidad desde los cargos que han ocupado. Ordenemos la conversación, por favor. Se vale cuestionar si la función del Banco de la República debería ser más amplia y preguntarse si el aumento de 100 puntos base es demasiado alto o si la presión inflacionaria tiene orígenes no monetarios. Pero no se vale poner en duda la honra de funcionarios públicos serios por razones políticas.

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