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Colombia tiene un déficit de oferta de energía que no da espera. La generación se está quedando rezagada frente a la demanda, la matriz depende del agua, que el cambio climático hará más escasa, y ya se proyectan faltantes. El gas que producimos tampoco alcanza. Generamos unos 1.655 kWh de electricidad por persona al año, cerca de la mitad que Brasil. No basta con hablar de transición energética: hay que sumar capacidad, con parques solares y eólicos a una escala que el país nunca ha visto y cientos de kilómetros de líneas de transmisión.

Con las vías pasa algo parecido. Necesitamos carreteras que integren el territorio y acerquen la producción a los puertos. La vía Mulaló-Loboguerrero, que acortaría en 52 kilómetros la ruta de exportación más importante del país, se contrató en 2014 para entregarse en 2020 y se enredó durante años en licencias y consultas. No es un caso aislado: buena parte de la infraestructura que el país necesita se traba en la licencia ambiental o en la consulta previa.

De eso trata un documento de política sobre licenciamiento ambiental y social que Fedesarrollo le entregó al Gobierno y que se presentará el próximo lunes 26 de octubre en un evento que coorganizamos con la firma de abogados Posse Herrera Ruiz. Les cuento sus grandes mensajes.

El primero es que los trámites se convirtieron en un cuello de botella que nos cuesta competitividad y seguridad energética. La norma establece un plazo de 90 días hábiles para decidir sobre una licencia; la Procuraduría encontró demoras de hasta 800 días en algunas corporaciones autónomas regionales (CAR). La línea de transmisión Colectora, en La Guajira, iba a consultar a unas 130 comunidades y terminó consultando a 235; acumuló cerca de cuatro años de retraso y arrastró consigo a los parques eólicos que dependen de ella.

El segundo mensaje es, para mí, el más importante. Se dice que la licencia es el palo en la rueda de los proyectos. Pero la licencia y la consulta no fallan por proteger demasiado. Fallan porque faltan reglas claras y falta Estado. La consulta previa aplica a solo uno de cada seis proyectos, pero se vuelve crítica justo donde están el sol y el viento.

Es un derecho fundamental sin una ley estatutaria que lo reglamente, y sus reglas se definen caso a caso en la Corte Constitucional, que en 2024 abrió la puerta a consultar incluso con la obra terminada. Y donde el Estado no ha llegado, la consulta se volvió el único canal para pedirle a una empresa la escuela o el acueducto que nunca se construyeron. Como, además, el ruido o la pérdida de valor de los predios no se compensan adecuadamente, crece el clásico “no en mi patio”.

El tercer mensaje es que hay salida, y la clave es que el Estado retome el liderazgo. Que priorice pocos proyectos estratégicos y los saque a licitación con la licencia aprobada y la consulta concluida. Que llegue antes con inversión pública, para que la consulta no sea la ventanilla de los servicios básicos. Que compense bien y convierta a las comunidades en socias, como en Irlanda, donde los parques renovables aportan al menos dos euros por megavatio hora a fondos comunitarios. Que simplifique: la nueva licencia para proyectos solares busca bajar la evaluación de 152 a 40 días. Y que tramite una ley estatutaria de consulta previa, con tiempos, alcance territorial y reglas de cierre, y fortalezca a la Anla, a la autoridad de consulta previa y a unas CAR menos numerosas y más profesionales.

El Gobierno ya movió fichas. El Ministerio de Ambiente propuso un decreto para que la licencia se evalúe sin esperar a que termine la consulta, y el Ministerio del Interior anunció un plan para descongestionar los expedientes represados. Son buenas noticias, aunque no suficientes. Sin reglas estables y sin un Estado que llegue antes que las empresas, cada proyecto seguirá siendo una negociación desde cero.

No hay que escoger entre desarrollo y derechos. Lo que sí necesitamos es un Estado que llegue a tiempo. Los invito a leer el documento y a seguir la discusión del lunes.

Directora ejecutiva de Fedesarrollo

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