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La economía creció 2,7 % en el primer trimestre de 2025. Este dato cobra relevancia si se compara con el estancamiento de 2023, cuando el crecimiento fue de apenas 0,6 %, y con la leve expansión de 1,6 % en 2024. Se trata de una recuperación modesta, pero recuperación al fin y al cabo, que ha ido acompañada de un aumento del empleo de 3,7 % en lo corrido del año hasta junio, lo que permitió reducir la tasa de desempleo a 9,2 % en ese periodo, frente al 10,2 % promedio de 2024. En un país donde el desempleo de dos dígitos ha sido la norma, este descenso es una buena noticia.

En materia de inflación, el panorama también es favorable. La drástica subida de tasas de interés por parte del Banco de la República en 2021 y 2022, orientada a frenar el exceso de demanda que dejó la pospandemia, sumada a la ausencia de nuevos choques inflacionarios fuertes por el lado de la oferta, ha producido un ajuste importante: del máximo de 13,34 % observado en marzo de 2023 se pasó a una inflación anual de 4,82 % en junio de 2025. La convergencia a la meta de 3 % aún no se ha completado, pero el camino recorrido es notable.

Con todo, este contexto no debe llevar a engaños. La administración Petro enfrenta dos desafíos que, de no abordarse con decisión, pueden marcar negativamente su cierre y condicionar seriamente el futuro del próximo Gobierno.

El primero es el riesgo de una crisis fiscal. Antes de la pandemia, el déficit fiscal promedio del país en lo corrido del siglo era de 3,5 % del PIB. En 2024 cerró en 6,7 % —el tercero más alto en 120 años— y en 2025, según las proyecciones oficiales, será de 7,5 %, solo superado por el déficit extraordinario de 2020, que llegó a 7,8 % del PIB.

Este desbalance no es un asunto menor: significa que el Estado está gastando muy por encima de sus ingresos, financiándose con deuda en un contexto de tasas de interés todavía elevadas, lo que incrementa el peso de los intereses y reduce el margen para invertir en educación, salud o infraestructura.

En este panorama, sorprende que el Ministerio de Hacienda haya presentado un proyecto de presupuesto para 2026 con un aumento de 9 % frente al de 2025, es decir, el doble de la inflación esperada, contradiciendo lo que el propio Gobierno dijo en junio, cuando reconoció la gravedad de la situación y anunció que el presupuesto debería crecer sólo en línea con la inflación. A esto se suma una propuesta de reforma tributaria de $26 billones, que enfrenta una doble dificultad: escasa viabilidad política en un año preelectoral y poca legitimidad social mientras no se evidencie un esfuerzo serio de recorte del gasto.

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